Rúbrica
El fracaso de la militarización de la seguridad pública
Por Aurelio Contreras Moreno
La militarización del país será uno de los peores legados que deje el régimen de la
pretendida “cuarta transformación”.
Y es que independientemente de quién gobierne a partir de 2024, revertir el
proceso de empoderamiento de las fuerzas armadas en todos los campos de la
vida pública del país será imposible, por lo menos en el mediano plazo.
La presidencia de Andrés Manuel López Obrador le entregó el país a los militares,
que hoy hacen tremendos negocios construyendo y operado obras multimillonarias
como el aeropuerto “Felipe Ángeles”, un monstruoso “elefante blanco” oda a la
necedad y al capricho, al que quieren hacer funcionar a punta de “decretazos” y de
presiones a las aerolíneas.
Los militares también participan en la construcción de la refinería de Dos Bocas y
en el ecocida Tren Maya, mientras administran y controlan las aduanas y los
puertos del país. Todo eso les ha entregado el presidente con tal de tener
contentas a las fuerzas castrenses e intentar “garantizar” su “lealtad” de la única
manera que la “4t” sabe hacer política y gobierno: a billetazos.
La seguridad pública también está en sus manos, a pesar de que fue una promesa
de campaña y una bandera de la izquierda supuestamente democrática regresar a
los militares a sus cuarteles, luego de doce años de una estrategia fallida iniciada
en el sexenio de Felipe Calderón y continuada en el de Enrique Peña Nieto. Nadie
se habría podido imaginar que con López Obrador ésta se exacerbaría a niveles
de república bananera y que provocaría el baño de sangre más grande de la
historia del país.
La “solución” propuesta por el régimen para atender el fenómeno de la inseguridad
fue la creación de una Guardia Nacional con coordinación castrense, pero que se
prometió sería un cuerpo predominantemente civil. A día de hoy, esas promesas
son letra muerta y los elementos no militares prácticamente han desaparecido de
esa corporación.
Como resulta lógico, a iguales acciones, iguales y hasta peores resultados.
Durante lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se habían
cometido 119 mil 132 homicidios dolosos al corte del 1 de mayo, superando por
mucho todos los de la “guerra de Calderón” y los de la indolencia de Peña Nieto.
De esos casi 120 mil homicidios, nueve mil 500 se perpetraron entre enero y abril
de 2022, siendo hasta ahora el festivo 1 de mayo el día más violento en lo que va
del año, con 112 asesinatos.
¿Cuál ha sido el beneficio entonces de la Guardia Nacional y de sostener la
estrategia de militarización de la seguridad pública? Si nos atenemos a los
números, absolutamente ninguno. Para más, este cuerpo ha servido para atender
intereses geopolíticos desastrosos, como la contención por medio de la fuerza de
la migración centroamericana ante las amenazas del entonces presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, de reventar la economía mexicana imponiendo
aranceles a las exportaciones si el gobierno de López Obrador no detenía a los
“hermanos migrantes”, episodio que fue recientemente evocado por aquél, con
una frase humillante –“nunca vi a nadie doblarse así”- que vergonzosamente no
mereció una respuesta contundente de las autoridades mexicanas.
Los defensores a ultranza y los facilitadores del régimen lopezobradorista justifican
la militarización que antes condenaron aduciendo que como este gobierno si es
“justo”, “popular” y de “mayorías”, no hay problema con que las Fuerzas Armadas
se apropien de las tareas que les corresponderían a los civiles, porque ellos
“nunca” les ordenarían atacar al pueblo, como “pasaba antes”.
Pero resulta que no hace falta dar la orden. Los militares están entrenados para
responder con fuerza letal a cualquier signo que consideren de amenaza, lo que
provoca que al realizar tareas de seguridad agredan a civiles, que terminan
reducidos a “daños colaterales”.
Fue exactamente eso lo que pasó este fin de semana en Irapuato, cuando en un
momento de “incertidumbre” un elemento de la Guardia Nacional abrió fuego
contra un vehículo que transportaba a estudiantes de la Universidad de
Guanajuato, asesinando a uno e hiriendo gravemente a otra.
Las condenas contra estos hechos han sido unánimes. Las universidades del
Sistema Universitario Jesuita (SUJ), por ejemplo, condenaron el uso
desproporcionado de la fuerza y manifestaron su desaprobación por la
militarización de la seguridad pública que, “como hemos manifestado en repetidas
ocasiones, agrava las violaciones a derechos humanos”.
Todavía peor, la Universidad de Guanajuato denunció que el presunto homicida
fue puesto en libertad al imputársele el delito de tentativa de homicidio, aunque las
autoridades afirman que en realidad se trató de otro guardia nacional que también
disparó, pero no hirió a nadie. Un juego de confusiones que más pareciera querer
procurar impunidad para el o los agresores.
Hace muy poco, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU publicó
un informe sobre México, en el que entre otras cosas señaló que “la permanente
participación de la fuerza armada establecida en la reforma constitucional del 11
de mayo de 2021, a pesar de presentarse como ‘extraordinaria, regulada,
fiscalizada, subordinada y complementaria’, permite poner en duda su
conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en materia de
derechos humanos y seguridad ciudadana”, reporte que solo recibió las
consabidas descalificaciones de un presidente ciego y sordo ante cualquier hecho
y dicho que contravenga su limitada concepción de la realidad del país.
El fracaso de la militarización de la seguridad pública es trágicamente evidente. Y
también el lopezobradorismo lo cargará sobre los hombros.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
